Una tarea para Alejandro Castro: proteger a los discapacitados en Cuba

Alejo

El pasado 17 de marzo, un grupo de representantes de organizaciones no gubernamentales de América Latina y el Caribe, resaltaron en La Habana, la política que mantiene Cuba, de apoyo, para las personas con cualquier discapacidad. Un día después, por vigésima ocasión, instituciones cubanas honraron la historia y el legado de Terry Fox, exhortando a la participación popular en el tradicional maratón. Pero es curioso, porque si bien el Estado y la constitución cubana establecen el derecho a la educación gratuita y a la no discriminación, no existe política educativa ni leyes específicas destinadas a la protección de las personas con diferencias.

Según cifras oficiales, aproximadamente el 3% de la población cubana vive con alguna limitación que le imposibilita integrarse al mercado laboral y, por consiguiente, acceder a fuentes de ingresos para enfrentar los retos que impone la vida.

La legislación vigente, al respecto, es muy clara. No toda persona con limitaciones debe poseer una condición de “protección especial”; para ostentarla, la discapacidad tiene que estar asociada a una situación de vulnerabilidad o dependencia económica.

La explicación resulta lógica, tener alguna deficiencia no es sinónimo de ser una persona vulnerable. Existe discapacidad física, intelectual, mental, motora e incluso sensorial, que no necesariamente hacen a la persona no apta para laborar; pero en las singulares circunstancias que vive la isla, esta justificación legal es tremendamente injusta, pues, al no existir un reglamento jurídico encargado de fijar, regular o determinar cuándo se debe incluir, o excluir, a un descapacitado bajo la condición que lo conceptualiza como merecedor de esa “protección especial”, se les está cercenando el derecho a todos los impedidos.

Además, no debemos olvidar que cualquier sujeto, aún recibiendo subsidio por concepto de invalidez laboral a cargo de la seguridad social, continúa siendo dependiente económicamente. Cobrar una pensión no debe ser razón suficiente para que se pierda esa condición “protectora”. No se trata de una ecuación matemática, sino de aplicar fórmulas más acordes a la realidad actual, para conseguir mejor eficacia y mayor alcance social. ¿A qué productos o servicios puede acceder una persona imposibilitada que recibe 150 pesos mensuales?

Padezco una enfermedad que sin el tratamiento adecuado me imposibilitaría de cometer determinadas acciones. Hablo desde el conocimiento y la experiencia personal, sé que las asociaciones cubanas de limitados físico-motores, de ciegos, sordos e hipoacústicos, como ACLIFIM, ANSI y ANSOC, trabajan para que se reconozca la igualdad de estas personas con impedimentos, por el respeto a su dignidad, autonomía e integración social y comunitaria; pero es pura publicidad porque mientras el gobierno no impulse una política real y legal destinada a superar la visión de la discapacidad como enfermedad, no conseguirán abordar el polémico tema desde una perspectiva social más inclusiva y menos discriminatoria.

Quizás, como hizo Mariela con la comunidad LGTBI; Alejandro Castro Espín, poseedor de una conocidad insuficiencia, porque es débil visual, debería abanderar una campaña a favor del respeto a la igualdad y los derechos de los incapacitados. Pero claro, esta masa de impedidos, con vergonzosa frecuencia, no suelen ser prioridad para un “adalid mayor” que además se erige como bienhechor de los derechos humanos.

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~ por Juan Juan Almeida en marzo 22, 2017.

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